Tucumán registra la menor alícuota efectiva de Ingresos Brutos en cinco años, según informe de la UIA

En un contexto en el que la carga tributaria continúa siendo uno de los principales factores que afectan la competitividad industrial en el país, un nuevo relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) situó a Tucumán entre las provincias con mejor desempeño relativo en materia de Ingresos Brutos. El informe reveló que la alícuota efectiva local se redujo un 23,5% entre 2024 y 2025, pasando de 4,8% a 3,67%, alcanzando la menor incidencia en los últimos cinco años.

La UIA también señaló que Tucumán integra el grupo de jurisdicciones donde las empresas fabriles poseen menos saldos a favor en relación con sus operaciones, un indicador que marca una menor presión acumulativa del tributo. En paralelo, el documento advierte que dentro del territorio provincial son los regímenes especiales y el sistema SIRCAR (Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación) los que “generan mayor saldo a cuenta” para las compañías encuestadas.

El estudio, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, elaborado sobre la base de 137 empresas, remarcó nuevamente que el impuesto sobre los Ingresos Brutos continúa siendo uno de los tributos más distorsivos del esquema argentino. El informe plantea que “su diseño en cascada grava cada eslabón productivo y termina afectando la competitividad de toda la cadena de valor".

El relevamiento también subraya que muchas provincias aplican retenciones más allá de sus límites territoriales, lo que implica que las empresas “terminan pagando el impuesto en jurisdicciones donde no tienen establecimientos". A ello se suma la proliferación de sistemas de recaudación que, de acuerdo con la UIA, “incrementan la carga administrativa y generan permanentes saldos a favor de difícil devolución”.

Capital inmovilizado y dificultades

El relevamiento pone de manifiesto que los saldos a favor representan un problema creciente para las industrias: constituyen capital de trabajo inmovilizado que no puede aplicarse a otras obligaciones ni destinarse a inversiones. Según el informe, “el sector público se financia a costa de la capacidad operativa de las empresas” y el monto promedio acumulado alcanzó los $719 millones por firma, una suba del 86% interanual, por encima de la inflación del período (56%-primer trimestre del año).

El documento precisa que el 40% de las empresas tiene un saldo equivalente a un mes de impuesto, mientras que un 42% acumula entre uno y doce meses. El 13% considera directamente irrecuperable ese capital. La principal traba para la restitución, según se detalla, es la “dificultad para obtener certificados de no retención y exclusión”, que afecta al 57% de las firmas relevadas.

A diferencia de otras jurisdicciones donde la acumulación de saldos es crítica —como Misiones, Catamarca o Corrientes— Tucumán aparece mejor posicionada. La provincia no integra el grupo de distritos con mayor proporción de saldos a favor ni presenta índices elevados de irrecuperabilidad.

Además, la alícuota efectiva promedio para Tucumán cerró en 3,67% en 2025, aunque por arriba del total general del país (3,46%) y con una mejora marcada respecto del año anterior. Con este desempeño, la provincia “se encuentra en el lote donde la incidencia del tributo sobre la actividad industrial resulta más baja” en comparación con otras jurisdicciones de la región y del país.

El informe destaca que los regímenes especiales y el SIRCAR son los que más saldo a favor generan en Tucumán, en línea con la tendencia observada a nivel nacional, donde también figuran entre los mecanismos más cuestionados por las industrias. Estos regímenes, advierte la UIA, “siguen siendo los que mayor preocupación generan por su incidencia directa en la acumulación de pagos a cuenta que las empresas no logran absorber”.

Propuestas para mejorar el sistema

La UIA plantea un conjunto de acciones que podrían mejorar la competitividad del sector manufacturero y corregir las distorsiones asociadas al impuesto. Entre ellas figuran:

• “No aplicar retenciones o percepciones entre agentes”.

• “Automatizar certificados de exclusión y acelerar los procesos de devolución o transferencia de saldos a favor”.

• “Asegurar que las alícuotas de retención no superen las aplicadas a la actividad del contribuyente”.

• “Implementar el cómputo de percepciones desde el mes en que se realizan” y garantizar el sustento territorial como criterio para retenciones.

El objetivo, según el documento, es avanzar hacia un esquema donde la presión fiscal real —medida por la alícuota efectiva y los saldos acumulados— deje de generar una pérdida de capital de trabajo que hoy afecta de manera significativa al entramado industrial.